lunes, 23 de noviembre de 2015

FINAL: LA COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA CRISIS DE 2001 SERIE (13era. parte)

Desde la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, hasta la renuncia del presidente Fernando De la Rua, la implementación de medidas de ortodoxia fiscal y monetaria extremas, los cambios de 3 ministros de economía y la renuncia de 5 ministros del gabinete, dan cuenta de la magnitud y velocidad de los acontecimientos.
El Congreso otorgo facultades extraordinarias al ministro de economía, instrumentando los principales aspectos de las normativas, leyes y las políticas públicas relacionadas con el otorgamiento de mayores poderes al ministFMI, ro de economía y su equipo, el mismo incluyo la perspectiva del desplazamiento del poder, ya formalmente, planteado desde la política a nivel del Poder Legislativo, representado por el escenario acotado a las ordenes emanadas de los organismos multilaterales de crédito. Fue en ese escenario que la estructura local del gobierno, hizo énfasis en apurar las normativas locales, para responder a las exigencias de las instituciones que eventualmente otorgarían apoyo. Eso no sucedió, y requiere una revisión pendiente del juicio de la historia, ya que el FMI rehuyó en Octubre de 2001 su obligación de prestamista de última instancia.
Las medidas de políticas públicas, y la jaqueada gobernabilidad, conducen mas tarde al desenlace de la crisis, que da cuenta de la situación del desplazamiento absoluto del poder político al denominado “entorno neoliberal”.
Aunque un trimestre antes del estallido se daba un debate final sobre las Políticas a implementar entre los sectores ortodoxos, dentro del enfoque de diferentes puntos de vista ortodoxo-aquellos de orientación estrictamente monetaria, los ortodoxos en materia fiscal- y los heterodoxos; quienes debatían acerca de la conveniencia de mantener vigentes las Leyes 23.928 del 27 de Marzo de 1991 (de Convertibilidad) y la Ley 25.152 de 1999 (Convertibilidad Fiscal), Ley 25.466 de 2001 (de Intangibilidad de los Depósitos), se produjo la caída, que a esa altura lucia inexorable, por la fuga de los depósitos del sector privado, las reservas internacionales que completaban un panorama desolador[1]. Se ha tratado así de reconstruir e identificar los actores estatales involucrados en la crisis de 2001, a partir de los textos seleccionados, describiendo el rol que jugaron en la coyuntura los actores, y los líderes que luego fueron siendo desplazados del Poder Ejecutivo, y de los funcionarios que se encargaron del desarrollo de las políticas públicas respectivas, lo cuales permitieron plantear la relación de la norma, las leyes, las políticas públicas y la realidad cotidiana del fenómeno de desplazamiento del poder político a manos de una tecnocracia economicista, subordinada a los centros de poder internacional. A esta altura se podría derivar el surgimiento de una hipótesis que podría plantear, en que medida, la cesión del poder político a la tecnocracia y/o las finanzas, ha tenido una incidencia decisiva en el devenir de la crisis argentina de 2001, fundamentalmente, como se expresaba antes del límite de la respuesta a la segunda pregunta, al seguir  las recomendaciones que “establecían los organismos multilaterales de crédito” y las “mejores practicas de mercado; entendiendo que los legítimos responsables políticos (el poder ejecutivo primero, y el poder legislativo mas tarde con la sanción de la Ley denominada “de poderes especiales”), delegaron en funcionarios del ministerio de economía las decisiones políticas, y a su vez estos últimos, aceptaron la totalidad de las condicionalidades del FMI[2], incluyendo las recomendaciones del mismo organismo, como de la banca de inversión, consultoras internacionales y locales. Una hipótesis secundaria podría inducir la profundización de la investigación, para determinar en que medida existió un epifenómeno donde se podría apoyar la idea que los funcionarios argentinos del ministerio de economía-quienes en Marzo de 2001 llegaron a recibir “plenos poderes” del Congreso-, no hicieron lo suficiente para preservar los intereses locales, ejerciendo los derechos soberanos de establecer las propias políticas publicas, que incluyeran aspectos económicos, sociales e internacionales, y si en ese caso no podría descartarse que sus decisiones hayan coincidido con las imposiciones externas de la biósfera ideológica y política internacional, que como antes se expresaba, será evocada como el “entorno neoliberal".

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